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El gobierno de El Salvador ha implementado nuevas medidas de disciplina en las escuelas públicas con el objetivo de evitar que estos espacios educativos vuelvan a convertirse en focos de reclutamiento para pandillas, según declaraciones del presidente Nayib Bukele.
Desde el 20 de agosto, por orden de la ministra de Educación, Karla Trigueros —capitana de la Fuerza Armada— se exige a los estudiantes cumplir estrictas normas de presentación personal: cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados. Además, se ha anunciado un Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigencia el 1 de septiembre.
Este reglamento establece que los alumnos deben saludar al maestro al ingresar al aula, utilizar expresiones como “por favor” y “gracias”, y mantener una conducta respetuosa. Aquellos que acumulen hasta 15 deméritos podrían perder el año escolar, aunque existe la posibilidad de reducir sanciones mediante labores de limpieza y orden.
El presidente Bukele justificó estas medidas señalando que, antes de su ofensiva contra las pandillas en 2022, muchas escuelas eran utilizadas por grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reclutar jóvenes. “Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros”, afirmó en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video que muestra a estudiantes haciendo señas asociadas a pandillas.
La iniciativa ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores consideran que estas medidas representan una “militarización” del sistema educativo, otros las ven como una estrategia necesaria para preservar la seguridad y el orden en las escuelas. La ministra Trigueros ha advertido que los directores que no apliquen las normas serán sancionados.
El Salvador continúa bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, como parte de la “guerra contra las pandillas” iniciada por Bukele. Aunque esta política ha reducido los índices de violencia a mínimos históricos, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la detención de miles de personas sin pruebas concluyentes.
