Por más cinco horas de audiencia virtual, el juez Alexander Vargas Contreras del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, fundamentó cada uno de los argumentos de la resolución declarando fundado el requerimiento de prisión preventiva por 15 meses contra Julia Pilar Martel Carhuaz (39). Al final de la diligencia, el magistrado dispuso al personal del Área de Apoyo a la Justicia el traslado de la detenida al penal de Potracancha, donde debe cumplir la medida coercitiva.
El juez valoró cada uno de los 89 elementos de convicción sustentados por el fiscal Harry Lihon Vidal con relación a la imputación por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica, defraudación, usurpación y estafa agravada en agravio de más de diez personas que en la audiencia estaban presentes a través de sus abogados.
Y para ello, valoró las partidas registrales, la independización de la parcela número 76 a favor de los agraviados, la posesión previa de los agraviados desde hace años, el hecho de que Pilar tenga solo acciones y no estaría materializado el área en cuestión de la matriz, esto ubicado en el poblado de Andabamba.
Según la imputación del Ministerio Público, Pilar Martel, utilizando argucias legales habría realizado varias ventas ilícitas de los sub-lotes de la parcela 79 ubicado en el poblado de Andabamba, distrito de Pillco Marca. Pese a las exhortaciones y recomendaciones realizadas desde mayo del 2024, Julia Martel seguía en lo mismo desafiando a la autoridad hasta que la fiscalía recopiló la documentación necesaria, presentó al juzgado el requerimiento de detención preliminar por siete días.
En los días que estuvo detenida, la investigada guardó silencio y no quiso responder haciendo uso de su derecho de guardar silencio. Contrario a ello, sus allegados utilizaron a sus tres menores hijos para indicar que estaban abandonados tras la irregular y arbitraria de su mamá, por lo reportaron el caso a la fiscalía de Familia.
Para la fiscalía, Pilar Martel junto a sus cómplices, entre ellos una trabajadora de una notaría que ya están identificados, ofrecían y vendías terrenos que estaban en la parcela 76 que está inscrito en Registros Públicos. Para hacer incurrir en error a los compradores los llevaba a una conocida notaría, donde una trabajadora obviaba algunos documentos para evitar que los compradores descubran la verdad.
Los contratos de compra venta que habrían sido realizado eran inscritos en la matriz, donde están consignados los co-propietarios, pero no en la escritura pública de la parcela 76 cuyo propietario es la familia Laurencio Boza. Las parcelas eran ofrecidas al buen postor, pero según la fiscalía las parcelas que colindan con la que tiene título propiedad.
Las parcelas en Andabamba estarían siendo vendidas físicamente, pero no legalmente.
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La justificación de los 18 meses de prisión preventiva solicitados y sustentados por el fiscal a cargo del caso es que están pendientes realizar 27 actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, pero el juez consideró que 15 meses eran necesarios.
