La procuradora anticorrupción de Huánuco, Krupskaia Beraún Aguirre, formuló denuncia ante la Fiscalía Penal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por presuntos actos de corrupción, irregularidades administrativas y perjuicio económico en la Municipalidad Provincial de Huánuco; por el contrato para la construcción de reductores de velocidad (rompemuelles), instalación de señales verticales y demarcación horizontal en las intersecciones cercanas a once instituciones educativas de la ciudad.
La denuncia es contra las autoridades y/o funcionarios de la referida comuna, que resulten responsables.
Según la denuncia, se habría favorecido a la empresa Constructora B & CH E.I.R.L. en la contratación del mencionado servicio. Habrían cometido delitos contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y colusión.
La denuncia detalla que, desde octubre de 2024, la empresa B & CH E.I.R.L. con RUC N° 20393317133 y domicilio fiscal en Pucallpa, fue beneficiada con diversas órdenes de servicio de la Municipalidad Provincial de Huánuco a través de la Gerencia de Transportes, por un valor total de 166, 158 soles en montos de S/ 41 067, S/ 5 500, S/ 39 365, S/ 41 100, S/ 30 000, S/ 9 126; para la fabricación e instalación de letreros de señalización, pintado de pavimento, mantenimiento provisional del Parque Infantil, entre otros conceptos.
Esta reiterada asignación de contratos sugiere una posible fragmentación de servicios para evitar procesos de selección más rigurosos exigidos por las normas.
En particular, el contrato suscrito el 7 de mayo de 2025 para el “Servicio de construcción de reductores de velocidad, instalación de señales verticales y demarcación horizontal en las intersecciones cercanas a once instituciones educativas” contempló la instalación de 27 rompemuelles en el perímetro urbano de Huánuco, con un valor total de S/ 390,000.
La denuncia advierte que la magnitud económica y la complejidad técnica de la intervención, ejecutada en apenas 20 días calendario, generan dudas sobre la idoneidad del contratista, la capacidad de ejecución, la planificación del proyecto y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
Respecto a la señalización vertical, cuya ubicación difiere apenas 60 metros de los reductores de velocidad, se señala que esta disposición vulnera los estándares técnicos mínimos establecidos en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). A pesar de ello, el proyecto fue ejecutado sin considerar adecuaciones locales ni advertir posibles deficiencias técnicas o sobrevaloración, lo que podría evidenciar una presunta concertación previa con el contratista.
La denuncia concluye que la contratación fue defendida públicamente por Osward Luis Hidalgo Torres, exgerente general, y Ligia Ávila Figueroa, gerente de Transportes, quienes admitieron no haber realizado observaciones técnicas al proyecto, a pesar de que se omitieron disposiciones del Manual del MTC.
Como parte de su denuncia, la Procuraduría Anticorrupción solicita una serie de diligencias urgentes, entre ellas: recabar los informes técnicos que sustenten la necesidad y características del servicio contratado; obtener los datos de localización que justifiquen la intervención; y el informe que respalde la priorización del proyecto frente a otras necesidades municipales. Asimismo, se solicita practicar las demás diligencias pertinentes para los fines de la investigación, respetando el derecho de defensa de los investigados.
Finalmente, se requiere tomar la declaración testimonial de Osward Luis Hidalgo Torres, exgerente municipal, y Héctor Torres Rojas, gerente de la empresa Constructora B & CH E.I.R.L., a fin de que brinden detalles sobre su participación y conocimiento del servicio. También se solicita oficiar a la Municipalidad Provincial de Huánuco para que remita toda la documentación del proceso de contratación, y realizar una constatación urgente in situ para recabar los medios probatorios necesarios.
