El empresario español Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la constructora ACS, ha logrado que la justicia de Luxemburgo apruebe el embargo de activos estatales peruanos por más de US$ 315 millones. Esta medida responde al impago parcial de un laudo arbitral internacional emitido por el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), en el marco de una prolongada disputa por la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima.
El litigio comenzó en 2017, cuando el consorcio Metro de Lima Línea 2 —liderado por ACS (25%) y FCC (18.25%)— denunció al Estado peruano por incumplimientos contractuales, como retrasos en la entrega de terrenos y permisos técnicos.
En marzo de 2024, el CIADI emitió un laudo que ordenaba al Perú pagar US$ 456 millones por daños y perjuicios. Sin embargo, el Estado solo ha abonado US$ 106 millones, mientras que otros US$ 56 millones están suspendidos por revisión.
El embargo fue solicitado el 14 de febrero de 2025 en Luxemburgo, jurisdicción favorable para ejecutar laudos internacionales como títulos ejecutivos. Las medidas podrían afectar cuentas bancarias, inversiones financieras y propiedades estatales, aunque no se han revelado los activos específicos comprometidos.
El 26 de febrero, Perú presentó una solicitud de anulación parcial del laudo, enfocada en los llamados “Daños Bajo Protesto” y pidió la suspensión total de la ejecución, cuya decisión se espera para octubre de 2025.
El proceso de anulación podría extenderse hasta finales de 2026, dejando al país en una posición legal y financiera incierta.
Este caso pone en evidencia los riesgos de los contratos de concesión internacional y la creciente presión que enfrentan los Estados frente a consorcios privados en megaproyectos de infraestructura. La figura de Florentino Pérez, con influencia tanto en el mundo deportivo como empresarial, ha captado la atención internacional por el alcance de esta ofensiva legal.
