El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue duramente rechazado por comunidades campesinas durante un evento realizado en el Teatro Municipal de Puno, en el marco de una jornada convocada para analizar los efectos de la Ley 32293.
Lo que debía ser una actividad institucional se convirtió en un acto de repudio, donde los asistentes exigieron su retiro inmediato, acusándolo de no defender a las víctimas de la represión ocurrida entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, especialmente en zonas como Juliaca, Ilave y Ayacucho.
Los dirigentes comunales denunciaron haber sido convocados bajo engaños, creyendo que asistirían a una capacitación legal, sin saber que Gutiérrez estaría presente. Apenas tomó el micrófono, fue interrumpido por gritos de desaprobación, cánticos patrióticos y acusaciones directas de complicidad con el Congreso y el Ejecutivo. “Usted defiende a los asesinos del Congreso”, le increpó uno de los líderes, mientras otros lo tildaban de “defensor de un sistema asesino”.
«Lamentamos hermanos, muchos de los que están presentes hoy, han sido convocados con engaño. Se les ha dicho que va a haber una capacitación y que se va a habar sobre la ley. No se ha dicho que va a estar este señor acá. Usted, sepa reconocer eso. Esta es una artimaña para legitimar su presencia en Puno, cuando en Puno nosotros lo estamos rechazando porque no se ha pronunciado por los asesinatos en Juliaca, por las muertes en Ilave, por los asesinados en Ayacucho“, dijo uno de los residentes.
La tensión obligó a que el defensor abandonara el recinto. Ante los gritos de “¡asesino!” y “¡que se retire!”, Gutiérrez abandonó el recinto escoltado por la Policía Nacional.
Además del rechazo por su silencio ante la represión, se le cuestiona por su postura ambigua frente a temas como derechos humanos, enfoque de género y medio ambiente. Su cercanía con el Congreso y el Ejecutivo ha generado desconfianza entre sectores que exigen independencia institucional.
En declaraciones posteriores, Gutiérrez alegó que su gestión ha presentado informes ante organismos internacionales y que ha acompañado a familiares de víctimas en procesos de reparación. Sin embargo, para los asistentes, sus acciones han sido insuficientes y su presencia en Puno fue vista como un intento de legitimación política.
El encuentro en el Teatro Municipal de Puno fue convocado para discutir los efectos de la Ley 32293, que según líderes comunales, vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la propiedad comunal y el reconocimiento jurídico. La presencia de Josué Gutiérrez fue vista como una maniobra política para legitimar su gestión, lo que generó aún más rechazo.
Este incidente refleja el profundo malestar que persiste en regiones del sur andino frente a las instituciones del Estado, especialmente aquellas que deberían velar por los derechos humanos.
En Puno, símbolo de resistencia y memoria, el mensaje fue claro: quien no se pone del lado del pueblo, no tiene cabida entre sus comunidades.
