La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, por su presunta participación en el delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado peruano.
La acusación también alcanza al fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, quien habría colaborado en una presunta red de favores con la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas. Según el Ministerio Público, Checkley habría aceptado una promesa de ventaja ofrecida por Benavides a cambio de declarar fundado el sobreseimiento de las imputaciones contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas.
El acuerdo habría implicado archivar una investigación contra el propio Checkley en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Terán. A su vez, Terán habría aceptado mantenerse en el cargo bajo la condición de no cerrar dicha investigación, ampliando incluso el plazo de las diligencias más allá del límite legal.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, y forman parte de una trama que, según la Fiscalía, evidencia un uso indebido del poder para favorecer intereses personales y familiares dentro del sistema judicial.
La denuncia fue formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y será evaluada por el Congreso para determinar si procede una acusación formal contra los implicados.
