España atraviesa un momento de alta tensión fiscal en 2025, marcado por un aumento sostenido de la presión tributaria, ajustes presupuestarios y debates sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según el último informe del Observatorio Fiscal de BBVA Research, el déficit público se situó en el 2,8% del PIB en 2024, excluyendo gastos extraordinarios, y se prevé que se reduzca al 2,7% en 2025. Sin embargo, el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas exige medidas adicionales de ajuste por valor de entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales del PIB.
La presión fiscal sobre el salario medio español ha alcanzado el 47,8%, lo que significa que casi la mitad de los ingresos brutos de un trabajador se destinan a impuestos y cotizaciones. Este incremento de cuatro puntos respecto a 2023 ha generado preocupación entre economistas y ciudadanos, quienes denuncian una pérdida de competitividad y capacidad de ahorro.
Mientras países como Alemania y Francia han optado por recortes fiscales o incentivos para estimular la economía, España ha incrementado su presión fiscal en 2,9 puntos del PIB desde 2018, posicionándose como el tercer país de la UE con mayor aumento en este indicador. El Gobierno ha aprobado más de 90 subidas de impuestos en los últimos años, incluyendo nuevas figuras tributarias y la eliminación de deducciones clave.
Expertos advierten que esta situación podría frenar la inversión, fomentar la economía informal y generar una fuga de talento hacia países con sistemas fiscales más competitivos. Además, la falta de deflactación del IRPF ha convertido la inflación en un «impuesto encubierto», aumentando la recaudación sin ajustes proporcionales en los tramos impositivos.
Aunque se espera una mejora cíclica de la actividad económica, el gasto en pensiones y defensa seguirá presionando las finanzas públicas. El Gobierno deberá definir nuevas medidas fiscales para cumplir con los compromisos europeos y evitar un deterioro de la sostenibilidad presupuestaria
