Ante la revelación periodística sobre el estado crítico generado por la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca —donde han arrasado miles de hectáreas del bosque amazónico—, se plantea la necesidad de declarar la emergencia ambiental en toda la jurisdicción provincial. Así lo expresó Mercy Calderón Rodríguez, titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Huánuco.
La funcionaria informó que realizan reuniones con el Ministerio Público, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otros entes, con el fin de que remitan sus informes al Gobierno Nacional, a fin de sustentar la declaratoria de emergencia ambiental.
Respecto a la afectación de los bosques en Puerto Inca, Calderón precisó que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Puerto Inca son las entidades especializadas encargadas de evaluar la magnitud del impacto ambiental generado por la minería ilegal. Las demás instituciones, según su competencia, también pueden aportar.
La directora explicó que, en cumplimiento de la normativa vigente, la DREM Huánuco realiza labores de fiscalización únicamente sobre concesiones mineras registradas formalmente. Sin embargo, cuando se detecta actividad minera ilegal, se notifica de inmediato a la Policía Nacional, a la Marina de Guerra destacada en Puerto Inca y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, entidades competentes para intervenir.
Según el equipo técnico de la DREM Huánuco, los distritos más afectados son Puerto Inca y Yuyapichis, donde han identificado cientos de puntos de explotación. También han reportado actividad minera en un punto de Tournavista y Codo del Pozuzo.
La explotación de oro se concentra en zonas cercanas a los ríos Pintuyacu y Negro, pero también hay impactos en los ríos Sungaruyacu y Pichis. Además, se ha reportado actividad minera en áreas remotas de la selva, más allá de la Cordillera del Sira, donde el acceso es extremadamente difícil sin un resguardo policial y militar considerable.
El equipo técnico también advirtió indicios de minería ilegal en zonas de Puerto Inca a las que no se puede acceder, lo que agrava los impactos negativos sobre los bosques, las comunidades nativas y la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.
Finalmente, informaron que, tras la última depuración realizada por el Ministerio de Energía y Minas, han identificado 141 registros mineros en proceso de formalización en la provincia. Estos pueden ser sancionados en caso de incumplimiento de las normas.
