La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la congresista Rosio Torres Salinas, integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Según el comunicado oficial, la acusación fue formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y se basa en hechos ocurridos entre el 4 y el 9 de abril de 2022. Durante ese periodo, Torres habría ordenado a una trabajadora de su despacho —contratada y remunerada por el Congreso— realizar tareas partidarias en horario laboral, específicamente la depuración del padrón de militantes de APP.
El objetivo de estas acciones, según el Ministerio Público, habría sido favorecer la candidatura de su esposo, el excongresista Fernando Meléndez Celis, al cargo de gobernador regional de Loreto. La Fiscalía subraya que estas funciones de carácter personal y político no forman parte de las obligaciones del personal parlamentario, lo que constituiría un uso indebido de recursos públicos.
Este nuevo proceso se suma a cuestionamientos previos contra la legisladora. En octubre de 2024, un reportaje del programa Cuarto Poder reveló el testimonio de una extrabajadora de su despacho, quien denunció recortes salariales y la asignación de tareas proselitistas durante la campaña de Meléndez.
Hasta el momento, la congresista no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. El caso será evaluado por el Congreso, que deberá decidir si procede con el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
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