El pasado viernes 30 de mayo, entre 400 y 500 comuneros de la comunidad campesina Aguamiro, del distrito de La Unión, en la provincia de Dos de Mayo, llegaron a la ciudad de Huánuco para movilizarse hacia la Corte Superior de Justicia, donde la Sala Civil verá su apelación contra el fallo de primera instancia que declara fundada la demanda interpuesta por Jorge Vicente Chávez Lanfranchi, sobre mejor derecho de propiedad y reivindicación del fundo Las Pampas de Huánuco Viejo y el predio Geshrog.
Los manifestantes se entrevistaron con el presidente de la Corte, Alberto Alain Berger Vigueras, con el propósito de reivindicar la propiedad de los terrenos, a pesar de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Dos de Mayo. Además, exigieron la destitución del juez Herbert Ramos Dueñas y del secretario judicial, acusándolos de parcialidad en favor del demandante Chávez Lanfranchi.
El asesor legal de la comunidad, Gregorio Evangelista Huerta, consideró positivo el diálogo con Berger Vigueras, quien reconoció que no puede interferir en la labor de la Sala Civil, pero les aseguró que los jueces revisarán minuciosamente la sentencia y el expediente del caso.
Durante la reunión, los comuneros expusieron errores y vicios en la sentencia de primera instancia, destacando la omisión de una sentencia de 1975, en la que el Tribunal Agrario falló a favor de la comunidad en un proceso de reivindicación. Como resultado, el predio de 1,572 hectáreas fue entregado a la comunidad, pero esta resolución no fue valorada por el juez.
Otro aspecto cuestionado fue el manejo de pruebas de oficio. Según Evangelista Huerta, el juez actuó hasta en tres oportunidades a favor del demandante, mientras que las pruebas solicitadas por los comuneros fueron rechazadas, vulnerando la normativa que solo permite la actuación de oficio en una oportunidad.
Asimismo, señalaron que la falta de respuesta por parte de la comunidad en diciembre de 2016 y enero de 2017 permitió el avance del proceso a favor de Chávez Lanfranchi. No obstante, afirman que intentaron incorporar pruebas, las cuales fueron desestimadas por el Juzgado.
Además, denuncian que la sentencia judicial afecta el centro monumental de Huánuco Pampa, el Qhapaq Ñan (872 hectáreas), dos instituciones educativas en Guellaycancha y otras en Shicla. También mencionan que terrenos del Ministerio de Educación, involucrados en el área en disputa, no fueron notificados del proceso.
En la reunión se recordó que, en 2004, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras entregó el título de propiedad, desmembrando el centro arqueológico en favor del Estado. Lamentaron que el Ministerio de Cultura no haya emitido un pronunciamiento, pese a haber sido notificado del fallo judicial.
Por su parte, Ananías Solorzano Tello, presidente de la comunidad, informó que la audiencia de vista de la causa fue programada para el 26 de junio y estará a cargo de la Sala Civil. También reiteró la solicitud de destitución del juez y su secretario judicial, señalando que ambos estarían involucrados en otro proceso similar, lo que generaría dudas sobre su imparcialidad.
A la reunión asistieron autoridades locales, entre ellas el subprefecto de La Unión, el alcalde provincial y el consejero regional, quienes respaldaron las denuncias de los comuneros contra los funcionarios judiciales y la esposa del secretario judicial, a quien vinculan con el demandante.
