El estado actual del Camal Municipal de La Unión se caracteriza por el incumplimiento de normas legales y la generación de contaminación descontrolada en el río Vizcarra, según advierte el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, que identificó múltiples irregularidades.
En la intervención de control, para verificar la operatividad y administración del camal, evaluaron aspectos como autorizaciones sanitarias, sistemas de agua y desagüe, iluminación, ventilación, rieles, corrales, pisos, equipos veterinarios, cámaras de refrigeración, entre otros.
Ubicado en la calle Porvenir S/N, zona de Shayán, el Camal Municipal presta servicios de beneficio y faenado de ganado (ovino, bovino y porcino) proveniente de distritos aledaños y centros poblados, abasteciendo de carne a los principales mercados de la provincia de Dos de Mayo.
El Informe de Control N.º 005-2025-OCI/0399-SVC identificó una serie de irregularidades:
El camal carece de autorización sanitaria emitida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), lo cual pone en riesgo la inocuidad de las carnes destinadas al consumo humano.
Además, no cuenta con un profesional veterinario para supervisar las actividades. Pese a ello, funcionarios de la entidad permiten el sellado de carnes sin el respaldo técnico, comprometiendo la salud pública.
El establecimiento opera sin licencia, lo que no garantiza condiciones de salubridad ni seguridad. No se realiza tratamiento de aguas residuales, que son descargadas directamente al río Vizcarra, generando un severo impacto ambiental.
Los trabajadores no son contratados por la municipalidad, sino por terceros. Además, no cumplen con requisitos básicos como exámenes médicos, indumentaria adecuada ni capacitación.
El camal carece de permisos y documentos imprescindibles para su funcionamiento, afectando la salubridad de las actividades. Las instalaciones no garantizan condiciones adecuadas para el trabajo ni la manipulación de alimentos.
El camal utiliza agua de la red pública sin contar con un certificado que acredite su calidad, lo que representa un riesgo para la higiene del proceso. No existe regulación clara para la administración y recaudación del camal, lo que dificulta el control adecuado de los ingresos.
Los fondos recaudados no son depositados dentro de los plazos establecidos, lo que podría ocasionar pérdidas, robo o uso indebido. Se aplican tarifas diferentes a las establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), vulnerando el principio de legalidad y la confianza legítima.
