La abogada Yuliana Loza Ávalos, quien defiende a los investigados Juan Manuel Alvarado Cornelio en el caso ‘Los Negociadores de la Región’ y ‘Laptops’ e Inés Rosa Alvarado Modesto en el caso ‘Los Negociadores de la Región’, también es defensora en el caso de “Los elegantes de la Formación”, donde 22 personas están siendo investigadas por presuntamente integrar la organización criminal que operaba al interior de la Escuela Técnica Superior Tecnológica de la Policía con sede en Santa María del Valle.
La también abogada de Keiko Fujimori fue contratada para defender a los mayores de la Policía, Pool Carlos Solano Pérez y Rossbilt Marcilla Niño de Guzmán, quienes junto al comandante PNP Christian Arturo Toledo Loli y el capitán de la Policía, Gyno Valderrama Mendoza, están recluidos en el penal de Potracancha cumpliendo 36 meses de prisión preventiva dictada por el entonces juez Samuel Cabanillas Catalán del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco.
Y como primera acción, el estudio jurídico de Loza Ávalos presentó al juzgado la cesación de prisión preventiva para el investigado Solano Pérez, pero luego de evaluar los argumentos de ambas partes el 2 de diciembre el juez Saulo Ayala Moya declaró infundado el pedido por lo que el oficial deberá continuar en prisión.
Asimismo, dicho magistrado declaró la vigencia de la prisión preventiva para los oficiales Valderrama y Marcilla, esto luego que la Sala Penal de Apelaciones Permanente declaró nula de oficio las resoluciones de cesación de prisión preventiva y revisión de oficio emitidas en setiembre del presente año por el juez Cabanillas Catalán y dispuso una nueva audiencia, el cual fue resuelto de manera favorable para el Ministerio Público por Ayala Moya.
PEDIDO. El estudio jurídico Loza presentó al juzgado el pedido de excepción de improcedencia de acción cuya audiencia estaba programada para ayer, pero a pedido del fiscal Iván Carrión Cabrera a quien el 3 de diciembre la fiscalía superior asignó el caso, la diligencia fue reprogramada para el 18 de diciembre a las 11:00 de la mañana.
Al respecto fuentes del Ministerio Público, explicaron que el pedido sería una estrategia de la defensa para debilitar el caso, porque según sus argumentos no cumpliría uno de los elementos del tipo penal de organización criminal. “Lo que están buscando es que el juez declare fundada la excepción y en consecuencia archive el delito de organización criminal y solo quedaría cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial y negociación incompatible, y por consiguiente las penas ya no serían las mismas”, dijo la fuente.
La excepción de improcedencia de acción es un recurso legal que interponen para cuestionar la acción penal cuando el hecho denunciado no es un delito o no es justiciable penalmente. Su objetivo es concluir o imposibilitar la investigación fiscal y el proceso penal.
