En un voluminoso documento de 114 páginas denominado “Informe de la contratación de consultoría para el servicio de elaboración de una directiva para la adquisición de bienes, servicios y consultoría en general por montos iguales o inferiores 8 UITs de la Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco”, han detectado irregularidades.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la DRE Huánuco, en su Informe de Control Específico N° 017-2024-2-0702, publicado ayer en la página web de la Contraloría General de la República, señala que el control fue con el objetivo de establecer si el requerimiento, proceso de contratación, conformidad y pago de la contratación del servicio de consultoría, en el 2023, para elaborar una directiva de adquisición de bienes, servicios por parte de la DRE Huánuco; se efectuó conforme a la normativa aplicable.
El resultado reveló que, el requerimiento, la contratación, conformidad y el pago por la prestación del servicio de consultoría para la “Elaboración de directiva para la adquisición de bienes, servicios y consultoría en general por montos iguales o inferiores a 8 UITs”, y su aprobación se cumplieron transgrediendo la normativa de abastecimiento, contrataciones y presupuestaria, generando un perjuicio económico a la entidad por 15 000 soles, al detectarse que la proveedora Kyara Mishell Rufino Follegate, no cumplía con los requisitos para este servicio.
Por tal motivo recomienda realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la DRE Huánuco comprendidos en los hechos.
Asimismo, que deberá procesarse a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos observados, así como iniciar la acción penal con la finalidad que se determinen las responsabilidades.
En esta irregularidad se encuentran incursos hasta seis funcionarios que han ocupado cargos en el año 2023, en que se produjo el hecho; que era comentada en los pasillos de la DRE Huánuco desde el año pasado, pero no se accedieron los documentos que ahora revela el OCI, sobre esta irregularidad de adjudicar a un tercero la elaboración de una simple directiva que, según trabajadores del sector, son elaborados como parte de sus funciones sin cobrar un sol más.
