La abogada Krupskaia Beraún Aguirre, titular de la Procuradora Especializada en Delitos de Corrupción de Huánuco, denunció penalmente a todos los que resulten responsables de lo actuado hasta la resolución del contrato en el caso del puente Tingo María – Castillo Grande, se advierte en la denuncia de 243 folios presentada el lunes 22 de abril ANTE LA Fiscalía Penal Provincial Corporativa Especializada de turno en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En la denuncia señala que se habrían cometido la comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de Colusión Agravada y Negociación Incompatible, por parte de funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, a ser identificados.
El fundamento principal de la denuncia interpuesta por la Procuraduría Anticorrupción es la causal alegada: “hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes”, lo que resulta abiertamente incompatible con el Laudo Arbitral en favor del Gobierno Regional que señalaba la vigencia del contrato con el contratista que no tenía razones para invocar una resolución, y por los cuestionamientos de la calidad de la obra y por los problemas derivados de la paralización advertido en varias oportunidades con informes del Órgano de Control Institucional.
Asimismo, plantea que la causal a la cual debería haberse invocado es Irreversibilidad de la ejecución, lo que hubiera permitido que en el corte técnico, se determinen las responsabilidades técnicas y financieras, lo que era imputable por abandonar la obra.
El Laudo Arbitral le dio un buen resultado al Gobierno Regional, pero esto se perdió con la “Resolución Total del Contrato” por la causal usada.
En esa línea, la denuncia señala que, la conducta de los denunciados (funcionarios del Gorehco), permitió encubrir de toda responsabilidad al Consorcio Puente Tingo, por dos razones: 1) Por tener como integrante del Consorcio, a la Empresa Constructora San Martín de Porras (de propiedad de Jorge Luis Gonzales Aguirre), que se encontraba impedida de contratar en el ámbito del departamento de Huánuco, por parentesco y por ende sus contratos son nulos de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones.
Al respecto, el Informe de OCI le fue notificado a Erasmo Fernández Sixto como gobernador regional, el 20 de setiembre de 2022.
La otra razón que señala la denuncia, de un presunto encubrimiento de responsabilidad al Consorcio, es la mala ejecución de la obra y las consecuencias negativas de la paralización y abandono de la obra.
También señala que, el argumento usado para la resolución del contrato, que por estar paralizada se corría el riesgo de no poder reiniciarse, menciona el Decreto Legislativo N° 1584, la cual indica que las obras con más del 20% de avance pueden ser objeto de reinició, como en este caso que aseguran alcanza el 50.79%. En ese sentido, no existía ese riesgo.
Sin corte técnico
Otro aspecto, que se aborda es el reconocimiento de no haberse efectuado el corte técnico desde que el Consorcio Puente Tingo, resolvió el contrato unilateralmente, lo que implica que no existe argumento técnico certero que permita identificar el estado real estructural y que deberá esperarse para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
Situaciones extrañas
Además, detalla una serie de hechos que sucedieron en la emisión de la resolución del contrato, que son: No se emitió una Resolución Ejecutiva Regional, sino una Resolución Gerencial General, haciéndose uso de la delegación de funciones; el gerente de Asesoría Legal tampoco la firmó, sino lo hizo su accesitario, el secretario general; el administrador de la obra, tampoco lo firmó, sino que lo hizo el subgerente de obras del Gobierno Regional, que anteriormente trabajo en una de las empresas integrantes del Consorcio Puente Tingo.
Devolución de dinero
El 13 de abril, el Gobierno Regional de Huánuco notificó notarialmente al Consorcio Puente Tingo que proceda a la devolución de 4.9 millones de soles por adelantos, con 10 días hábiles para cumplir tal obligación, la misma que venció el último viernes 26 de abril.
Además, el Laudo Arbitral le ordenó al Consorcio Puente Tingo, reembolsar los 192,262.98 soles, que por subrogación asumió en total el Gobierno Regional para el proceso arbitral.
Diligencias urgentes
La Procuraduría Anticorrupción plantea tres tareas a implementarse, que son: recabar toda la documentación concerniente a la ejecución de la obra, recoger información del grado de parentesco entre Jorge Luis Gonzales Aguirre, y quien sería su hermano César Gonzales Aguirre (Vocal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco).
Asimismo, obtener información sobre la Ley N° 31859 modificado con el Decreto Legislativo N° 1584, que establece la reactivación de las obras públicas paralizadas, vigente a la resolución del contrato.
ALGO +
Tu Diario reveló el l 17 de abril la resolución del contrato y al día siguiente en conferencia de prensa, los funcionarios del Gorehco defendieron las decisiones que tomaron.
