Servir reporta suspensión a directora de la Red de Salud Huánuco, pero la Diresa lo ratifica en el cargo

A pesar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), publicó en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Públicos, que Gabriela Mabel Jiménez Quinteros, actual directora de la Red de Salud Huánuco se encuentra con la sanción disciplinaria de suspendida; el director regional de Salud, Rollin Cruz Malpartida, le ratificó su confianza para continuar ejerciendo el cargo.

Gabriela Mabel Jiménez Quinteros, en los años 2021 y 2022 ocupó el cargo de directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Ministerio de Salud, y por su desempeño en ese cargo, le iniciaron un proceso administrativo disciplinario que culmina con la sanción de suspensión sin goce de haber por 60 días, bajo los cargos de haber incurrido en falta disciplinaria tipificada en el inciso “d” del artículo 85 de la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil”, al permitir que se venciera un lote de 8,240 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Civid-19, ocasionando una pérdida de 240, 928.80 soles.

En conferencia de prensa, el director de la Diresa Huánuco, asumió la defensa de Jiménez Quinteros. Según su interpretación legal, la suspensión sin goce de haber por 60 días, no se aplicaba a la actual directora de la Red de Salud Huánuco, por cuanto en el Ministerio de Salud estaba en un régimen laboral, que es diferente al actual.

A su turno, Jiménez Quinteros, expresó la sanción será objeto de apelación, por entenderse que hay un abuso contra sus derechos y de los trabajadores del sector, al no aplicarse normas existentes para casos de expiración de medicamentos, vacunas y otros.

Tu Diario efectuó la consulta sobre el caso a abogados laboralistas, concluyeron que la interpretación legal del director de Salud está al margen de la jurisprudencia peruana, que ordena que ante una sanción vigente, aun se haya presentado un recurso de apelación ante Servir debe procederse a ejecutarse la suspensión.

Los expertos laboralistas, señalaron que, de oficio corresponde la intervención del Ministerio Público para denunciar a los funcionarios que incumplen sus funciones, y que les podría acarrear sanciones graves como inhabilitación y destitución de la función pública.

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