La Contraloría General de la República confirmó que los trabajos inconclusos e irregulares en la instalación de agua potable y alcantarillado para el centro poblado Santo Domingo de Nauyan generaron un perjuicio de S/ 278 mil. Pese a estas deficiencias, la obra fue recepcionada sin ninguna observación y liquidada por la Municipalidad Provincial de Huánuco en la gestión del alcalde José Luis Villavicencio Guardia.
La ejecución del proyecto inicio en agosto del 2022 con una inversión de S/ 2.1 millones y culminó en diciembre del mismo año.
Según el Informe de Control Especifico n.° 085-2023-2-0401-SCE, faltaron instalar varios tramos de las redes de agua potable. En algunas viviendas, el servicio se instaló a través de mangueras expuestas a la intemperie, contraviniendo lo que indicaban los planos del expediente técnico, sin embargo, estos trabajos fueron valorizados por el contratista y la entidad otorgó la conformidad de pago.
Sobre los trabajos que no cumplen con el expediente técnico, instalaron tuberías de menor diámetro a lo que indicaban los planos. Asimismo, estas fueron instaladas a profundidades de 0.40 y 0.60 metros cuando la profundidad mínima tenía que ser a 0.65 metros.
Además, los lavaderos domiciliarios no cumplen con las medidas y características señaladas en el expediente, pues no tienen el espesor de 8 centímetros. Las paredes de los lavaderos no fueron construidas con concreto reforzado como indicaban los planos y las cajas de concreto donde instalaron las válvulas de paso no tienen marco ni tapa de acero galvanizado, pues solo colocaron una tapa de concreto que sobresale del nivel de dichas cajas.
Estos trabajos no debieron ser pagados, sin embargo, el contratista valorizó al 100 % estas partidas, mucho antes de que culmine su plazo contractual.
A pesar de estas deficiencias los funcionarios de la comuna provincia pagaron las valorizaciones y recibieron la obra sin hacer ninguna observación, luego liquidaron el proyecto para evitar que apliquen penalidades al contratista, lo que generó un perjuicio económico de S/ 278 698.
Por estos hechos la Contraloría identificó responsabilidad penal y administrativa sujeta a la potestad sancionadora del ente fiscalizador en tres servidores públicos.
La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública a iniciar las acciones penales contra funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares.
